La nueva ley de la Guardia Nacional enviada por la presidenta Sheinbaum a la Comisión Permanente autoriza la intervención de comunicaciones privadas, siempre que haya autorización judicial y se vincule con delitos graves como homicidio, tráfico de armas o desaparición forzada.
La iniciativa establece que estas acciones deberán regirse por principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. Además, la Guardia podrá solicitar a operadores telefónicos la georreferencia de móviles, bajo supervisión del Ministerio Público, para prevenir delitos en tiempo real.
También se plantea que la GN asuma tareas de seguridad pública en coordinación con gobiernos estatales y municipales, mediante convenios y reportes periódicos. Se aclara que la recolección de datos en espacios públicos se permitirá siempre que respete la vida privada, y que cualquier prueba obtenida sin garantías será inválida jurídicamente.