La Suprema Corte ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, tras 19 años presa por el caso Wallace. El fallo determinó que las pruebas clave fueron obtenidas bajo tortura, invalidando su valor jurídico. No se pronunció sobre su inocencia, pero sí sobre las graves violaciones al debido proceso.
El Instituto de Defensoría Pública indicó que la decisión podría beneficiar a otros acusados, como César Freyre, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. La ONU en México celebró el fallo por fortalecer el juicio justo y condenar la práctica del arraigo arbitrario en procesos penales.
González fue condenada a 78 años por secuestro y delincuencia organizada en 2011. La SCJN concluyó que no existía evidencia contundente y que los testimonios bajo arraigo violaron garantías fundamentales. El caso, mediático desde 2005, se tambalea al revelarse las fallas en las pruebas utilizadas por las autoridades desde el inicio del proceso.