Ante la complejidad del fenómeno de las desapariciones, el Gobierno de México ha implementado medidas estructurales y preventivas que buscan frenar la violencia desde sus raíces. Lejos de limitarse a recomendaciones de autocuidado, las autoridades han reconocido la necesidad de enfrentar a las redes de macrocriminalidad que operan en ciertos territorios bajo mecanismos de impunidad histórica.
En ese sentido, estudios como Redes de macrocriminalidad respaldan la ruta del gobierno al señalar que la verdadera prevención pasa por debilitar los vínculos entre actores delictivos, autoridades coludidas y ciertos sectores empresariales. La actual administración ha impulsado reformas en seguridad, cambios legales y acciones coordinadas para atender esta dimensión más profunda del problema.
A la par, se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda, con énfasis en la participación ciudadana. La Comisión Nacional de Búsqueda y sus contrapartes estatales trabajan con colectivos y familias, reconociendo su papel activo. Gracias a esta colaboración se han eliminado prácticas ineficaces del pasado, como la espera de 72 horas para denunciar una desaparición.
Por otro lado, se han redoblado los esfuerzos preventivos en comunidades y escuelas. Materiales informativos y campañas digitales instruyen a niñas, niños y adolescentes sobre cómo actuar ante posibles riesgos. Aunque aún hay retos, se avanza en un modelo de prevención integral, en el que el Estado asume su responsabilidad sin dejar de empoderar a la sociedad.