La nueva ley de la Guardia Nacional enviada por la presidenta Sheinbaum a la Comisión Permanente autoriza la intervención de comunicaciones privadas, siempre que haya autorización judicial y se vincule con delitos graves como homicidio, tráfico de armas o desaparición forzada. La iniciativa establece que estas acciones deberán regirse por principios de legalidad y respeto